Alaba
Iniciado por Sócrates el 01/06/2006 21:56 · 6 mensajes
¿No habrá manera de llevar a esta tía a juicio por prevaricación? La verdad Doña Santa Laura me tiene los cojones acatarrados.
:mad:
:mad:
:blink: ¿quien es Alaba?, ¿quien es Doña Santa Laura?, ¿qué es la prevaricación? :blink: ¡ays, no me enteré de ná! :lloro:
Va a ser la famosísima jueza de Dénia Laura Albau (plas)
La verdad Doña Santa Laura me tiene los cojones acatarrados.pues vigila, que si empiezan a estornudar, manchan:laugh: :laugh: :laugh:
:mad:
Pues yo digo que si no quiere casar homosexuales que deje su trabajo...porque por la misma regla de tres si yo me meto a juez no puedo alegar objección de conciencia al casar a una pareja heterosexual.(plas)
El Capítulo I del Título XX del Código Penal Español define la Prevaricación y en su articulado se establecen las penas por la comisión de este delito.
En general, es la aplicación intencional o por ignorancia inexcusable de una sentencia injusta, pero también es cuando un juez deja de dictar sentencia intencionadamente para conseguir un fin.
Según el Articulo 449: "culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima."
En el caso particular de la Jueza de Denia, Laura Albau, yo considero que la comisión del delito de prevariación es patente porque:
1) Deniega o retrasa la resolución que autoriza a cualquier pareja homosexual a contraer matrimonio.
2) Lo hace con pleno conocimiento de la ley.
3) Lo hace con una intención ilegítima, la cual es evitar que dos personas ejerzan el derecho a contraer matrimonio.
Con todo respeto por el Estado Español y por sus legisladores, el problema tiene una raíz muy profunda, que va más allá de la homofobia, y es este: la naturaleza de la ley obliga al registrador a verificar que ambos contrayentes son aptos para contraer matrimonio, imponiéndoles a éstos la carga de la prueba.
Esta posición procesal es equivalente a presumir la culpabilidad hasta que se pruebe lo contrario. Si la ley no impusiera al juez encargado del registro civil autorizar el matrimonio, todo el proceso sería mucho más corto, sencillo y barato para la administración del estado.
Lo que tiene que demostrarse es:
- Que los contrayentes son mayores de edad, aunque un juez puede eliminar la limitación cuando se trata de personas entre 16 y 18 años y están emancipados.
- Que los contrayentes no guardan parentesco en linea recta consanguíneo o por adopción, o colateral por consanguinidad de primero, segundo o tercer grado, es decir: no son padres con hijos, ni hermanos entre ellos, ni nietos con sus abuelos, ni sobrinos con sus tíos, ni primos entre ellos. En el caso de los primos, un juez puede eliminar la limitación a petición de los contrayentes.
- Que ninguno de los contrayentes está casado.
- Que ninguno de los contrayentes es convicto de asesinato de su conyuge anterior.
Adicionalmente, la organización territorial del Registro Civil impone que al menos uno de los contrayentes sea residente en el lugar donde se celebrará el matrimonio.
Para demostrar esto, los contrayentes se ven obligados a presentar todo tipo de documentos: sus partidas de nacimiento, certificados de empadronamiento actual y de todos sus domicilios anteriores en los últimos dos años, declaraciones juradas de soltería, y en ocasiones, certificados de antecedentes penales.
Luego, los jueces pueden tomarse hasta 3 meses para investigar el expediente y garantizar que los contrayentes cumplen todos los requisitos.
Si la carga de la prueba no estuviera sobre los solicitantes, como debería ser en un sistema legal moderno, contraer matrimonio sería muchísimo más fácil.
Digamos que te presentas con unos requisitos mínimos: tu DNI u otro documento de Identidad y un certificado de empadronamiento. Luego, el juez tiene que asumir la buena fe de los contrayentes, y autorizar de inmediato el matrimonio a menos que tenga algun indicio para suponer que existe alguna causa que lo impida.
Otra opción es abrir un período de alegaciones, como se hace en otros países, para lo cual se publican los edictos matrimoniales. Luego de ese período de alegaciones, si nadie opone alegatos contra el matrimonio, se autoriza y se procede.
Si posteriormente se determina que los contrayentes omitieron o falsearon información, el matrimonio podría anularse, y quien omitiese o falsease la información también podría ser acusado de falso testimonio, y si uno de los cónyuges no fuera soltero, de bigamia.
¿Cuántas personas estarían hoy por hoy interesadas en cometer bigamia, casarse con su papá o su hermano, o casarse después de haber matado a un conyuge anterior? Seguramente menos de uno por mil, asumiendo una tasa de patología social bastante alta :p
Entonces, el sistema registral español castiga a 999 de cada mil personas. Pagan justos por pecadores y los costos para el Estado se ven elevados porque alguien tiene que hacer "investigaciones" que 999 de cada 1000 veces serán futiles.
En general, es la aplicación intencional o por ignorancia inexcusable de una sentencia injusta, pero también es cuando un juez deja de dictar sentencia intencionadamente para conseguir un fin.
Según el Articulo 449: "culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima."
En el caso particular de la Jueza de Denia, Laura Albau, yo considero que la comisión del delito de prevariación es patente porque:
1) Deniega o retrasa la resolución que autoriza a cualquier pareja homosexual a contraer matrimonio.
2) Lo hace con pleno conocimiento de la ley.
3) Lo hace con una intención ilegítima, la cual es evitar que dos personas ejerzan el derecho a contraer matrimonio.
Con todo respeto por el Estado Español y por sus legisladores, el problema tiene una raíz muy profunda, que va más allá de la homofobia, y es este: la naturaleza de la ley obliga al registrador a verificar que ambos contrayentes son aptos para contraer matrimonio, imponiéndoles a éstos la carga de la prueba.
Esta posición procesal es equivalente a presumir la culpabilidad hasta que se pruebe lo contrario. Si la ley no impusiera al juez encargado del registro civil autorizar el matrimonio, todo el proceso sería mucho más corto, sencillo y barato para la administración del estado.
Lo que tiene que demostrarse es:
- Que los contrayentes son mayores de edad, aunque un juez puede eliminar la limitación cuando se trata de personas entre 16 y 18 años y están emancipados.
- Que los contrayentes no guardan parentesco en linea recta consanguíneo o por adopción, o colateral por consanguinidad de primero, segundo o tercer grado, es decir: no son padres con hijos, ni hermanos entre ellos, ni nietos con sus abuelos, ni sobrinos con sus tíos, ni primos entre ellos. En el caso de los primos, un juez puede eliminar la limitación a petición de los contrayentes.
- Que ninguno de los contrayentes está casado.
- Que ninguno de los contrayentes es convicto de asesinato de su conyuge anterior.
Adicionalmente, la organización territorial del Registro Civil impone que al menos uno de los contrayentes sea residente en el lugar donde se celebrará el matrimonio.
Para demostrar esto, los contrayentes se ven obligados a presentar todo tipo de documentos: sus partidas de nacimiento, certificados de empadronamiento actual y de todos sus domicilios anteriores en los últimos dos años, declaraciones juradas de soltería, y en ocasiones, certificados de antecedentes penales.
Luego, los jueces pueden tomarse hasta 3 meses para investigar el expediente y garantizar que los contrayentes cumplen todos los requisitos.
Si la carga de la prueba no estuviera sobre los solicitantes, como debería ser en un sistema legal moderno, contraer matrimonio sería muchísimo más fácil.
Digamos que te presentas con unos requisitos mínimos: tu DNI u otro documento de Identidad y un certificado de empadronamiento. Luego, el juez tiene que asumir la buena fe de los contrayentes, y autorizar de inmediato el matrimonio a menos que tenga algun indicio para suponer que existe alguna causa que lo impida.
Otra opción es abrir un período de alegaciones, como se hace en otros países, para lo cual se publican los edictos matrimoniales. Luego de ese período de alegaciones, si nadie opone alegatos contra el matrimonio, se autoriza y se procede.
Si posteriormente se determina que los contrayentes omitieron o falsearon información, el matrimonio podría anularse, y quien omitiese o falsease la información también podría ser acusado de falso testimonio, y si uno de los cónyuges no fuera soltero, de bigamia.
¿Cuántas personas estarían hoy por hoy interesadas en cometer bigamia, casarse con su papá o su hermano, o casarse después de haber matado a un conyuge anterior? Seguramente menos de uno por mil, asumiendo una tasa de patología social bastante alta :p
Entonces, el sistema registral español castiga a 999 de cada mil personas. Pagan justos por pecadores y los costos para el Estado se ven elevados porque alguien tiene que hacer "investigaciones" que 999 de cada 1000 veces serán futiles.